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La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y la fiscal general, Dana Nessel, hicieron todo lo posible para silenciar a Marlena mientras su historia resonaba en todo el país a través de los medios de comunicación conservadores. Querían que la cerraran y la silenciaran por servir comida a sus clientes y proteger su sustento. Fue arrestada en una redada antes del amanecer por una abrumadora demostración de fuerza por parte de la Policía Estatal de Michigan. Se violó su derecho al debido proceso ya que estuvo detenida durante 5 días en la cárcel y multada con quince mil dólares por ponerse de pie y no seguir las órdenes de confinamiento por Covid-19 del departamento de salud.